La transición energética hacia modelos menos contaminantes y que conduzcan a España a cumplir sus compromisos climáticos tendrá «ganadores y perdedores», según Jorge Sanz, presidente de la Comisión de Expertos creada para analizar la política energética.

 Así lo ha expuesto Sanz en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados como una más de las conclusiones del Comité de Expertos, que se plasmaron en un informe de 500 páginas donde se recogieron diferentes alternativas que analizaban la combinación de las diferentes fuentes de energía en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. La Comisión de Expertos estuvo integrada por catorce miembros: cuatro designados por el Gobierno, siete en representación de los grupos parlamentarios y tres a propuesta de UGT, CCOO y la CEOE.

Cumplir los compromisos climáticos en 2030

El informe apostaba decididamente por las energías renovables y por un nuevo impuesto al dióxido de carbono para que España cumpla sus compromisos climáticos en 2030: una reducción de las emisiones del 26 por ciento respecto a 2005 en los sectores no industriales, un 27 por ciento de la energía final consumida procedente de renovables y un 30 por ciento de ahorro energético. Para ello, los expertos plantearon crear un impuesto al dióxido de carbono (principal responsable del efecto invernadero) para todos los consumos energéticos finales y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno, las partículas y los óxidos de azufre.

Entre sus recomendaciones destacaba también la de avanzar en renovables tanto como sea posible desde el punto de vista tecnológico, aunque, ante las incertidumbres que todavía existen -sobre todo respecto al almacenamiento- sugerían que sería necesario seguir contando con la nuclear o con el gas -o con una combinación de ambas- para asegurar el suministro y la estabilidad del sistema en caso de menos sol o viento. El escenario base del informe no incluye el carbón en el año 2030, y entre los diferentes escenarios que estudia, plantea que cerrar las nucleares cuando cumplan 40 años (entre 2023 y 2028) incrementará el coste de la generación y las emisiones contaminantes ya que será necesario utilizar más gas.

Jorge Sanz ha destacado hoy en el Congreso el alto nivel de consenso que alcanzaron en la Comisión y ha incidido en que no trabajaron para “adivinar” el futuro, sino que se plantearon diferentes hipótesis verosímiles sobre diferentes escenarios posibles (más o menos vehículos eléctricos, nucleares cerradas o no, etc.).

Y ha incidido en que en cualquiera de los escenarios habrá “ganadores y perdedores” y en la importancia de identificarlos para tratar de “amortiguar” los efectos de la transición energética. Todos los portavoces han valorado la calidad técnica del informe de este comité de sabios, aunque en algunos casos han señalado que se plantea objetivos “poco ambiciosos”, han lamentado que no proponga cuál debe ser el “mix” energético ideal para que España afronte la descarbonización de su economía y cumpla los compromisos climáticos, o que no se pronuncie con nitidez sobre el futuro de la energía nuclear.

Jorge Sanz ha aseverado que la Comisión de Expertos no propuso objetivos sino que trabajó sobre diferentes escenarios posibles y ha asegurado que no le correspondía dar recomendaciones (sobre cuál debe ser el mix energético español, sobre el cierre de las nucleares o sobre los objetivos que se deben alcanzar) que en todo caso -ha dicho- les corresponde a los políticos. (Fuente: EFEverde).